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Politica Corrientes Viernes 12 de julio de 2018 
INVITA A PODERES Y PROVINCIAS ADOPTAR MEDIDAS SIMILARES
Recorte presupuestario de Nación no alcanza a obras públicas, sí a contratos de uso y servicios
Por Decreto 632/2018, el presidente Mauricio Macri prohibió designaciones y contrataciones de personal, dejó a término de 2019 siguiente sin efecto convenios de asistencia técnica celebrados en 2016, observó y prohibió el pago de bonificaciones, premios, incentivos o suplementos hasta finalizar el mismo año, limitó el uso de pasajes de clase ejecutiva, de viáticos y pasajes, de vehículos oficiales y suspendió procesos de adquisición, publicó el 10 de julio el Boletín Oficial de la Nación.

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El decreto invita a a los Poderes Judicial y Legislativo de la Nación, a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas similares en el ámbito de sus propias competencias y jurisdicciones.

El documento -Decreto 632/2018- sobre Designaciones y contrataciones, Disposiciones, se dirige al ámbito de la Administración Pública Nacional y fue rubricado por el Presidente Mauricio Macri el seis de julio pasado.

Es la primera medida adoptada por el Presidente Mauricio Macri luego de acordar con los mandatarios de jurisdicciones provinciales y su gabinete de gobierno medidas para soportar el déficit en la caja pública de Argentina.

También, a las recomendaciones que el Estado nacional recibió de la cartera ejecutiva del Fondo Monetario Internacional -FMI- luego de que en junio pasado contratara con el organismo de crédito un Acuerdo Stand By por 50 mil millones de pesos a pagar, máximo, en treinta y seis meses.

El decreto, en los vistos cita al Expediente N° EX-2018-26414263-APN-SECEP#MM, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. Decreto N° 390/76) y 25.164, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214 del 27 de febrero de 2006 y sus complementarios, los Decretos Nros. 1421 del 8 de agosto de 2002, 336 del 10 de febrero de 2016, 997 del 7 de septiembre de 2016, 365 del 26 de mayo de 2017 y 1109 del 28 de diciembre de 2017.

En el plano argumentativo, señala que las medidas resumidas en este nuevo instrumento se indican con anterioridad en decisiones tomadas tras distintos acuerdos de administración.

RESTRICCIONES SOBRE CONTRATACIONES, SERVICIOS, DESIGNACIONES Y BONIFICACIONES

En su Artículo 1°, sobre designaciones y contrataciones, ordena que las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo Nacional comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, con excepción de la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido el personal civil de las citadas fuerzas, no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019.

La prohibición que alcanza a las designaciones a término en las Plantas Transitorias previstas por el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214 del 27 de febrero de 2006 y sus complementarios; las contrataciones previstas en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002; las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual previstas en los artículos 90, 92 ter, 93 y 99 respectivamente, de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. Decreto N° 390/76); las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos previstas por el Decreto Nº 1109 del 28 de diciembre de 2017; las designaciones transitorias en cargos simples de planta; y las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad previstas en estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias.

En su artículo 2º, sobre excepciones, establece que quedan exceptuadas de la prohibición prevista en el artículo 1º, las designaciones en la planta permanente de las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, como resultado de procesos de selección ya iniciados o aquellos que se inicien en el futuro únicamente por convocatoria interna; las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos; las designaciones y contrataciones que se efectúen como consecuencia de cambios del régimen de prestación de servicios aplicable al personal de una jurisdicción o ente descentralizado, siempre que esas modificaciones no afecten el monto de presupuesto destinado a tales fines; la cobertura de titulares de unidades organizativas previstos en las estructuras orgánico funcionales aprobadas; las designaciones de Personal de Gabinete de conformidad con el régimen previsto en la Decisión Administrativa N° 267 del 2 de marzo de 2018; las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, establecido por la Ley N° 25.467, del Servicio Exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, y del personal, en caso de reemplazo, comprendido en el “Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud” homologado por el Decreto N° 1133 del 25 de agosto de 2009 y sus complementarios, y la cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo, y siempre que se hayan agotado las instancias de búsqueda interna, conforme la reglamentación que a tal efecto establezca el Ministerio de Modernización.

En su artículo 3°, sobre convenios de Servicios de Asistencia Técnica, ordena que los convenios vigentes de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales, celebrados entre las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo Nacional comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y las Universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas, celebrados en los términos del Decreto Nº 336 del 10 de febrero de 2016, quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019. Asimismo, que a partir de la entrada en vigencia del presente decreto las partes individualizadas precedentemente no podrán celebrar nuevos convenios de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales.

En su artículo 4°, sobre pago de bonificaciones, premios, incentivos o suplementos, ordena que las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo Nacional comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, que abonen a su personal, se trate de personal jerárquico o no, bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero o en especie, deberán informar, dentro del plazo de treinta (30) días de la entrada en vigencia de este decreto, la norma que dispuso su creación y aplicación, sus características y la planificación de su pago para el año en curso a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público. De acuerdo al decreto, esa Comisión dictaminará respecto de la procedencia e impacto presupuestario de la bonificación, premio, incentivo o suplemento de que se trate.

En su artículo 5° establece la prohibición de instrumentación en Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo Nacional comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, de nuevos beneficios tales como bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero, o en especie, hasta el 31 de diciembre de 2019.

RESTRICCIONES SOBRE VIÁTICOS, VIAJES, VEHÍCULOS Y ADQUISICIONES

En su artículo 6°, sobre el pago por servicios extraordinarios, gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por gastos de comida y viáticos, ordena a las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo nacional comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, deberán remitir, dentro del plazo de treinta (30) días de la entrada en vigencia del presente decreto, un informe al Ministerio de Modernización en el que se contemple la evolución del pago por servicios extraordinarios, gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por gastos de comida y viáticos, que avale su cumplimiento y se prevea una disminución del treinta por ciento (30%) en tales conceptos para lo que resta del ejercicio presupuestario en curso. El Secretario de Hacienda del MINISTERIO DE HACIENDA podrá limitar las cuotas presupuestarias correspondientes a las referidas erogaciones.

En su artículo 7°, sobre traslados, cumplimiento de misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, o en uso de becas, establece que en los traslados en cumplimiento de misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, o en uso de becas, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto público, del personal dependiente de las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo Nacional comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, sólo las Autoridades Superiores definidas en el artículo 11 de la Decisión Administrativa N° 6 del 12 de enero de 2018, de nivel de Ministro o Superior, podrán utilizar pasajes en clase ejecutiva, debiendo contar con la previa conformidad del Jefe de Gabinete de Ministros. En el caso del traslado de funcionarios con rango de Secretario sólo podrán utilizarse pasajes en clase ejecutiva para viajes de duración mayor a ocho (8) horas, debiendo contar con la previa autorización del titular de la Jurisdicción o Entidad de la que dependan, detalla el documento.

En su artículo 8º, sobre viáticos y gastos de pasajes, impone a los funcionarios el "Deber de informar", en las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo Nacional comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156; deberán remitir un informe a la Jefatura de Gabinete de Ministros con la planificación de los viáticos, gastos de pasajes y movilidad derivados del cumplimiento de misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, o en uso de becas. El citado informe deberá presentarse en el plazo de quince (15) días desde la entrada en vigencia de esta medida y prever, asimismo, una disminución del gasto por dichos conceptos del treinta por ciento (30%) para lo que resta del ejercicio presupuestario en curso. El Secretario de Hacienda del Ministerio de Hacienda podrá limitar las cuotas presupuestarias correspondientes a las referidas erogaciones, indica.

En su artículo 9°, sobre vehículos de uso oficial, encomienda a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) efectuar en el plazo de treinta (30) días de la entrada en vigencia de esta norma el relevamiento de vehículos de uso oficial que se encuentren tanto a disposición del traslado de funcionarios como los destinados al uso operativo del área a la cual se encuentren asignados, y la elaboración de un informe de flota óptima para cada jurisdicción u organismo relevado a los efectos de su posterior transferencia o enajenación según criterios de razonabilidad y austeridad.

En su artículo 10, sobre suspensión de procesos de adquisición, ordena suspender los procesos de adquisición o alquiler con opción de compra de vehículos destinados a uso oficial que se encuentren en curso hasta la finalización del relevamiento dispuesto en el artículo precedente, los que podrán reanudarse o iniciarse, según corresponda, previa autorización de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En su artículo 11, sobre estructuras orgánico funcionales de entes descentralizados y desconcentrados, fija el plazo de sesenta (60) días computados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto para que los organismos descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Nacional, a través del titular del Ministerio del que dependa o en cuya órbita actúen, remitan a la Jefatura de Gabinete de Ministros un proyecto de optimización de su estructura organizativa.

En su artículo 12, sobre entidades comprendidas en el inciso b) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y planificación ejercicio presupuestario 2019, fija el plazo de sesenta (60) días computados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto para que las entidades comprendidas en el inciso b) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, remitan a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Modernización y al Ministerio de Hacienda, la estructura orgánico funcional, el régimen de empleo y de contratación de servicios personales aplicable, la estructura salarial, régimen de compensaciones, y la planificación de gastos en personal prevista para el ejercicio 2019 a los efectos de realizar una evaluación integral en el marco del objetivo de equilibrio presupuestario