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Politica Mundo Jueves 13 de junio de 2019 
Perú: primera condena en la causa Odebrecht
L a Justicia peruana dictó la primera sentencia relacionada con la trama de sobornos de Odebrecht en ese país andino, que incluso ha salpicado a presidentes y a expresidentes.

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La primera condena recayó sobre el exgobernador César Álvarez (2007-2014), quien deberá cumplir una pena de ocho años y tres meses de prisión por aliarse con Odebrecht para la rehabilitación y la construcción de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis, que atraviesa el departamento de Áncash, en el oeste peruano. La empresa brasileña, vinculada a una red de corrupción y sobornos en América Latina, le pagó coimas de 2,6 millones de dólares para participar en la obra.

El fiscal anticorrupción Elmer Chirre, que lleva el caso desde 2015, aseguró que el proceso es un "ícono dentro de la investigación macro"

Álvarez posee un largo historial de investigaciones judiciales desde 2014, año en que se le dictó prisión preventiva por su presunta relación con una red criminal. La trama de Odebrecht es la consecución de las investigaciones y procesos abiertos por el Ministerio Público peruano.

En esta oportunidad, la sentencia fue dictada por la jueza Nayko Coronado, de la Corte Especializada en Corrupción de Funcionarios, por el delito de "colusión agravada en agravio del Estado", es decir, un acuerdo entre dos partes para perjudicar a un tercero. La decisión también recayó sobre siete exfuncionarios del Gobierno de Álvarez.

sta sentencia requirió 256 horas y 70 sesiones, en las que se revisaron 750 documentos.

Este juicio, según explica Ojo Público, no está relacionado con las investigaciones hechas por el equipo de Lava Jato ni está relacionado con las confesiones de los directivos de Odebrecht ante el Gobierno estadounidense.

La exautoridad regional deberá pagar 2,4 millones de dólares al Estado de multa. Otras causas pendientes con la Justicia Álvarez, quien fuera asesor del expresidente Ollanta Humala, señalado de cometer delitos de lavado de dinero en alianza con Odebrecht, tiene orden de prisión preventiva y estuvo detenido desde 2016 hasta 2017 por su presunta relación con el caso La Centralita, una intrincada red criminal de corrupción, lavado de activos, sobornos y contratación de asesinos a sueldo, que supuestamente era dirigida por el exgobernador entre 2007 y 2014.

El Ministerio Público solicitó en 2017 prisión de 35 años para el exgobernador de Áncash por los delitos de asociación ilícita para delinquir, lesiones graves y homicidio de sus adversarios políticos, entre los que se encuentra el exconsejero regional Ezequiel Nolasco, ocurrido en 2014, del que se declaró inocente.

En 2018 continuó el juicio oral por la presunta autoría intelectual del asesinato, por parte de sicarios, para mantener el control político de la región. La defensa Nolasco se ha referido a la lentitud con la que se ha desarrollado este caso debido a supuestas presiones u obstrucciones del caso a través de la compra de magistrados.

Por otro lado, en mayo de este año fue absuelto por el caso de malversación de fondos y colusión relacionados con presuntas irregularidades en la construcción de un Módulo de Justicia del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, provincia de Áncash.