(Por Jorge Eduardo Simonetti).La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), creada en 1959, es uno de los dos organismos del sistema continental cuya función es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.

Castelli crónica de una represión anunciada Recaudación provincial 28.5% en el inicio del año Euforia, desconsuelo y reconstrucción Esa sensación de opresión Fuerte alza en consumo interno de yerba mate

La 42ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en la ciudad boliviana de Cochabamba en el mes de junio, dio tiempo hasta el primer trimestre de 2013, para que el Consejo Permanente de la organización proponga reformas al sistema interamericano de derechos humanos.

Esta noticia, que pasa desapercibida para el gran público, es de extrema importancia y gravedad, no tanto por lo que devela en su primera lectura, sino por lo que trae escondido detrás de un aparente propósito inocente de reorganización.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), creada en 1959, es uno de los dos organismos (el otro, de carácter judicial, es la Corte) del sistema continental cuya función es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Está integrada por siete comisionados de probada trayectoria en derechos humanos, elegidos por la Asamblea General, quienes ejercen su labor de manera independiente y no sujeta a ninguna nación o gobierno.

A decir de los expertos y las organizaciones de derechos humanos, es el órgano de la OEA que mejor funciona y ejerce su tarea específica, y a través de sus más de cincuenta años de existencia ha marcado hitos fundamentales en defensa de los derechos humanos en el continente, mostrando una actuación autonómica e independiente de gobiernos e ideologías. Los argentinos le debemos mucho a la Cidh. Fue fundamental su presencia en nuestro país en 1979, para comenzar a llamar la atención sobre los crímenes de la dictadura.

En los años 80 y 90 su jurisprudencia fue clave para acompañar los juicios por delitos de lesa humanidad. Influyó significativamente en la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y en reformas importantes relacionadas con la libertad de expresión, como la derogación del delito de desacato y la despenalización de las calumnias e injurias.

En el ámbito americano, miles de víctimas y familiares encontraron en el sistema continental un camino de justicia y reparación, constituyéndose en un formidable vallado contra los abusos de los gobiernos de todo signo. ¿Cuál fue la clave del prestigio y el buen funcionamiento de la Comisión? Sencillo: la autonomía e independencia de los Estados y los gobiernos. En situaciones de gravedad y urgencia, la Cidh tiene facultades, a iniciativa propia o a solicitud de parte, para solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente. Durante 2011 y 2012, ha dictado decenas de medidas cautelares, siendo los países de Estados Unidos (especialmente por las condenas a muerte), Colombia, México y Honduras, los principales destinatarios en cuanto a su número. El organigrama de la Comisión está compuesto por siete Relatorías relacionadas cada una con derechos fundamentales de las personas, una especial de Libertad de Expresión y una Unidad de Derechos Humanos, todo lo cual está bajo el ejido de una Secretaría Ejecutiva.

Para orgullo de los argentinos, en los últimos once años la Secretaría Ejecutiva de la Cidh estuvo a cargo de un argentino: el Embajador Santiago Cantón, un abogado recibido en la UBA, especialista en Derecho Internacional y de larga trayectoria en el ámbito de los derechos humanos. La decisión de Cochabamba, de estudiar una modificación del sistema interamericano de derechos humanos, esconde un propósito claro y lamentable: el debilitamiento del sistema a través de una pérdida de autonomía de la Comisión.

Qué significa ello? Que la actuación de la Cidh, sus medidas y conclusiones en relación a los casos de derechos humanos que se le plantean, ya no van a depender de la actuación independiente de los siete Comisionados, sino de los Estados integrantes de la OEA, ergo de los gobiernos de esos Estados.

En conclusión: los derechos humanos en el ámbito continental van a ser objeto de la negociación política de los países. Lamentable. La situación actual es fruto de la presión ejercida por diversos países que se vieron “perjudicados” por actuaciones de la Cidh, especialmente de algunos integrantes del Alba, Venezuela y Ecuador, en relación a las críticas que fueron objeto por la situación de la libertad de expresión en dichas naciones.

Lo más grave sucedió, sin embargo, el año pasado cuando la Cidh pidió a Brasil que frene la construcción de Belo Monte, una polémica represa en la Amazonia que, según dicen sus opositores, amenaza el bienestar de las comunidades indígenas que viven a su alrededor. Brasil reaccionó virulentamente y amenazó con no pagar su cuota de US$ 8.000.000. Al final, los términos de la medida cautelar fueron suavizados, Brasil pagó la cuota pero las relaciones con la Cidh continuaron difíciles.

Como fruto de la situación, Cantón renunció a la Secretaría Ejecutiva hace pocos días, lo que fue considerado lamentable por organizaciones de derechos humanos. La presión ejercida por Chávez, que trató al argentino de “excremento”, y Correa, anticiparon la salida de Cantón en cinco meses antes de la finalización de su mandato. El próximo paso en esta escalada contra la autonomía de la Cidh, es la modificación de sus reglamentos en el primer trimestre del año 2013, de modo de quitarle facultades y, sobre todo, la independencia como factor clave en el éxito de su misión.

Los derechos humanos no tienen nacionalidad, ideología ni pertenencia. Deben su existencia a la existencia misma del ser humano. En su consecuencia, los órganos internacionales creados para su defensa no deben estar sujetos a los posicionamientos políticos de los gobiernos, sean éstos de izquierda, de centro o de derecha. Por ello, se espera de la honestidad intelectual de los gobernantes de cualquier signo, que contribuyan a la consolidación de las estructuras defensivas supranacionales.

Sin embargo, no es eso lo que hoy pasa en la Organización de Estados Americanos. No es de extrañar la actitud decididamente anti Cidh de Venezuela y de Ecuador, dos países gobernados por individuos autócratas cargados de verborragia contradictoria. Hace poco, el embajador venezolano ante la OEA, Roy Chaderton, reveló que su gobierno aceptó votar por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, a cambio de que expulsaran a Cantón.

Sí, en cambio, resulta llamativa la posición argentina, totalmente tibia, dejando avanzar la cruzada reformista. Si hay algo que debe reconocerse al kirchnerismo es haber reinstalado en la Argentina, con toda la fuerza política que era necesaria para ello, la investigación y castigo de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976-1983. Ello le dio a nuestro país una posición mundial de privilegio en el tema, una autoridad moral indiscutible. Se esperaba de nuestro país, entonces, otro comportamiento en la Asamblea de Cochabamba.

Están corriendo los tiempos, el año 2013 está cerca, tan cerca como el peligro que corren los derechos humanos en el ámbito continental. Si la defensa de las personas, de las minorías, de los perseguidos, de los débiles, queda en manos de los gobiernos y de la negociación política, el sistema interamericano habrá retrocedido cincuenta años y habrá perdido todo el camino ganado hasta el presente. Amnistía Internacional ha exhortado al gobierno argentino a asumir un rol de liderazgo, en la defensa y la credibilidad del sistema interamericano de derechos humanos.

Todas las miradas están puestas en nuestro país. Cristina no debe borrar con el codo todo lo que ella y su marido han escrito con la mano en las hojas inmanentes de la historia.