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Opinion Corrientes Miércoles 22 de noviembre de 2017 
COMUNICADO
Cátedra de DD HH-Chaco: “Jaque al derecho laboral”
La Cátedra de Derechos Humanos de Chaco “Carlos Alberto Zamudio”, ante el proyecto oficialista de reforma laboral se ve obligada a enfrentar el silencio con que las autoridades políticas, sindicales y medios de comunicación han recibido el proyecto de modificación de la legislación laboral, anticipando el curso acelerado de sanción del mismo

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Creemos necesario ilustrar algunos de los puntos en que se viola el resultado de 100 años de lucha de los trabajadores en pro de la dignificación de su actividad.

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES LABORALES: en la década del setenta, el trabajador tenía hasta cuatro años para formalizar el reclamo de sus pretensiones. La dictadura cívico-militar redujo a dos años el plazo en cuestión, que el actual proyecto limita a sólo un año. Esto quiere decir que si un trabajador transcurrido un año de generado su crédito (indemnización por despido, diferencia de salarios, accidente de trabajo, etc.) no interpuso el reclamo judicial, tiene perdidos sus derechos. Sinnúmero de argucias puede utilizar el empleador para hacer transcurrir ese año y dar por finalizada la cuestión.

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO: La Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744 de 1974) establecía normas que consideraban como retribución indemnizatoria a todo aquel emolumento que se estimaba retributivo de la prestación laboral (viáticos, comida, horas extra, vacaciones, etc.). El sueldo anual complementario es estimado como salario diferido, de manera que integra el monto sobre el que anualmente se consideraban los ingresos. El proyecto actual entiende que para fijar el sueldo anual complementario sólo se toma el básico, de suerte que la liquidación final anual se verá considerablemente disminuida. En beneficio del empleador.

IUS VARIANDI: la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744-1974) encuadra como causal de despido a cualquier modificación que, unilateralmente, se disponga sobre las condiciones iniciales del trabajo. Horario, sede, actividad son algunas de las condiciones inalterables que tienden a evitar abusos en la actividad laboral. El proyecto de ley (art.42) permite al empleador “modificar las formas y modalidades del trabajo”. Se pretende que esta modificación sea incorporada al convenio colectivo.

BANCO DE HORAS: proyectado en el art. 46, establece prácticamente el fin de las horas extra. Por el mismo se compensarían las horas de más trabajadas en una jornada con la disminución equivalente en otra. No sólo quedaría legalizada la extensión de la actividad a jornadas insalubres, sino que otorga al patrón la capacidad de disponer del tiempo y plazo de ocupación del dependiente.

VACACIONES: Pueden ser fraccionadas según el criterio patronal, y no necesariamente simultáneas en caso de cónyuges que laboren en el mismo establecimiento, lo que atenta no solamente al derecho a la planificación de la vida familia por parte de un trabajador, sino que pone a disposición de la patronal el tiempo que un obrero puede destinar al ocio o al descanso.

INDEMNIZACIÓN: se aplicaría el sistema llamado “fondo de cese laboral” que desde hace varios años se aplica en el régimen de la construcción. Éste consiste en una retención que hace el patrón en los salarios, y cuyo total entregaría al trabajador a la rescisión del contrato de trabajo. Esto descarta la indemnización por despido arbitrario y no repararía el daño que produce el cese por voluntad del empleador.

TERCERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: la Ley 20.744 (año 1974- arts.31,32 y 33) establece la solidaridad laboral “cuando una o más empresas constituyan un grupo industrial, comercial o de cualquier otro orden, de carácter permanente o accidental”. La dictadura cívico-militar (Decreto-Ley 390/76) estableció la responsabilidad sólo cuando hayan “mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria”.

La Ley 25.013 (año 1998) establece la responsabilidad solidaria “si la empresa principal no cumple con sus obligaciones de control sobre las empresas subcontratistas”. En el proyecto en análisis el principio protectorio de los trabajadores desaparecería, creando un estado de desamparo legal a los dependientes al eliminar el principio de solidaridad empresarial.

El proyecto es más extenso pero éstos son los puntos más destacables sobre los que la dirigencia obrera mantiene un silencio cómplice.