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Sociedad Corrientes Sábado 11 de noviembre de 2017 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 26.160
Marcha en repudio a desalojo y atentado contra comunidad indígena en Ituzaingó
El movimiento socioambiental Guardianes del Yberá y la Federación Campesina-Guaraní de Corrientes marcharon el viernes hasta la Justicia en repudio al reciente intento de desalojo y el atentado sufridos por la comunidad indígena Kaavity en Ituzaingó

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Cientos de manifestantes volvieron a movilizarse el mediodía de este viernes hasta las oficinas de la Justicia en Calle 9 de Julio de la ciudad capital en protesta contra atropellos sufridos por las comunidades originarias en el interior de la provincia.

Esta vez, en repudio a un intento de desalojo y un atentado ocurridos el miércoles pasado en horas de la mañana en las islas del departamento Ituizangó, en teritorio habitado por integrantes de la comunidad originaria guaraní Kaavity.

La manifestación comenzó con una concentración en el Parque Mitre y, luego de recorrer brevemente las calles del microcentro de la ciudad, se pronunció en contra de ambos hechos de violencia que, al finalizar la protesta, fueron denunciados por las organizaciones convocantes ante la Defensoria de turno.

Activistas, dirigentes sociales, referentes comunitarios, entre otros, durante el transcurso de la marcha, arengaron en contra de la violencia institucional y el "desamparo" que sufren las comunidades originarias y reclamaron "garantías" para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Provincia.

Ese día, en un operativo policial, un grupo de efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona intimó a una de las familias que componen esa comunidad indígena a que abandone su lugar, según los funcionarios policiales, de acuerdo a como ordenaba un expediente emanado por un tribunal que había actuado a requerimiento de un denunciante privado.

En paralelo, en otra isla, dos personas que fueron identificadas por la misma comunidad como miembros de un "grupo parapolicial" con intereses sobre su territorio, incendiaron una de las casillas precarias en las que viven otros integrantes de Kaavity.

"La secretaria de la Defensora tomó en cuenta todos los datos, todos los datos de lo que pasó en Apipé; anotó el nombre de la familia, el lugar de donde se hizo el desalojo y de donde se quemó la casa, de los damnificados y del supuesto denunciante, y que la policía participó del desalojo", señaló a momarandu.com Cristian Piriz, activista de Guardianes del Yberá.

Ambas organizaciones volverán a las calles en pocos días, pero en Ituziangó, en apoyo a la comunidad en la lucha por la defensa de su territorio, anticiparon.

DENUNCIA

Antes del mediodía, la Defensoría oficial fue notificada de los reclamos y solicitó a las organizaciones los datos particulares de los integrantes de la comunidad Kaavity afectados por la orden de desalojo y los nombres de los efectivos que participaron del operativo denunciado.

Además, solicitó datos del expediente judicial -número de preventiva- según el cual el desalojo del territorio bajo dominio de la comunidad Kaavity fue ordenado, de acuerdo a cómo fue presentado por los efectivos policiales a los miembros de la comunidad el operativo en cuestión durante su procedimiento.

Los manifestantes fueron recibidos por la secretaria de la Defensora en turno y citados para la próxima semana para dar curso jurídico a los hechos en base a las declaraciones presentadas ayer en su despacho.

Las declaraciones recogidas en la sede judicial irán a engrosar una larga lista de expedientes compuestos por material registrado por las organizaciones convocantes contra las comunidades originarias que viven en los esteros del Iberá, se señaló a este diario.

CUMPLIMIENTO EFECTIVO: LEY 26.160

Los manifestantes exigen al gobierno provincial que cumpla la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, que ordena suspender las órdenes de desalojo impartidas por fueros judiciales que operan sobre territorios indígenas.

La normativa se encuentra vigente en Argentina desde hace once años y reglamenta los deberes que el Estado juró garantizar a los pueblos originarios en el artículo 75 de la Constitución Nacional.

La Ley declara emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes.

En su artículo 2º, suspende por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en emergencia, siempre y cuando la posesión sea actual, tradicional, pública y se encuentre fehacientemente acreditada, como es el caso de la comunidad Kaavity.


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