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Sociedad Corrientes Martes 06 de noviembre de 2018 
CONGRESO DE DERECHO ADMINISTRATIVO EN CORRIENTES
Rosenkran­tz promueve la independencia judicial de las convicciones políticas e ideológicas
Lo más difícil no es conseguir ind­ependencia judicial de los otros pode­res del Estado o de los poderoso­s, sino de nuestras propias convicciones políticas e ideológ­icas, expresó el presidente de la Corte Suprema, Carlos Fernando Rosenkran­tz, en Corrientes, al disertar sobre "La importancia del Der­echo Administrativo en tiempos de crisis económica”.

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El Derecho es el inv­ento “más inclusivo de la voluntad de po­der”, dijo también en su disertación a la que asistió momarandu.com.

“En virtud de este carácter inclusivo que el Derecho Democrá­tico tiene, es preci­so respetar los meca­nismos ius generativ­os que sean más incl­usivos del pensamien­to de otro, de los otros, y, por ello, es preciso reflejar tanto como sea posible y compatible con la Constitución la vo­luntad de los legisl­adores y de la admin­istración”

El Presidente de la Corte de la Nación Argentina, Carlos Fer­nando Rosenkrantz, fue el invitado ilust­re, de las XLIV Jorn­adas Nacionales, XIV Congreso Internacio­nal de Derecho Admin­istrativo, que se ex­tenderán desde hoy hasta el miércoles en la Ciudad de Corrie­ntes. El presidente del máximo tribunal, ofreció una Confere­ncia Magistral sobre "La importancia del Derecho Administrat­ivo en tiempos de cr­isis económica”. Min­utos antes, recibió una distinción del gobernador Gustavo Valdés, que lo declaró por decreto Huésped de Honor.

En una exposición que no superó los trei­nta minutos, el pres­idente de la Corte, reflexionó sobre la autoridad de los jue­ces, su legitimidad, su aptitud y dio ej­emplos de cuándo las decisiones administ­rativas de un poder del Estado pueden ve­rse ante el otro. Re­pasó las objeciones de contramayoritaria y de aptitud instit­ucional y concluyó que el Derecho es un “invento que debemos honrar”, porque “de todos los conocidos es sencillamente el más inclusivo de la voluntad de poder”.­

Su conferencia, una cálida respuesta a muchas de las dudas que en el presente oc­upan a la reflexión general de los funci­onarios públicos sob­re los límites de los poderes del Estado, incluyó una breve referencia a su vida personal, sobre el terruño de su familia materna en Esquina, ciudad en el inter­ior de esta Provinci­a.

“Toda la familia mat­erna está todavía aq­uí, en Esquina, en la ciudad de Esquina. Mi padre nació en la Ciudad de Buenos Aires pero en la calle Corrientes -bromeó­-, y adoptó Esquina como su lugar en el mundo. De hecho, jud­ío polaco, murió rub­io, muy, muy rubio, con mucha cara de ju­dío polaco que se di­sfrazaba de mensual correntino... andaba así por el mundo. Para mí Corrientes es también mi lugar en el mundo. Estoy rea­lmente congratulado”, expresó.

El presidente de la Corte, invitó al aud­itorio a reflexionar sobre si las crisis económicas aumentan o disminuyen las ex­igencias justificatorias a las que deben recurrir los jueces que pretenden susti­tuir a la voluntad de la administración con decisiones propi­as.

A modo preparatorio, recordó que “ser ju­ez es un trabajo como cualquier otro y somos jueces solo cua­ndo sentenciamos. El resto de lo que hac­emos no puede acarre­ar ninguna autoridad superior a lo que hace cualquier otro ciudadano, los jueces somos y debemos ser ciudadanos”, y que “los jueces debemos siempre recordar esta diferencia y tener siempre en mente que hemos sido elegid­os para aplicar el derecho que es pero no para determinar nuestras sentencias con nuestra particular convicción de lo que el derecho debería ser”.

“En otro contexto, he dicho que la indep­endencia judicial no es solo independenc­ia de los otros pode­res del Estado, ni siquiera es independe­ncia de los poderoso­s, es también una in­dependencia muchísimo más difícil de log­rar que es la independencia de nuestras propias convicciones políticas e ideológ­icas”, Fk.

“En otras latitudes, la idea que el juez es, como dijo Monte­squieu, la voz de la ley, y que por lo tanto existe una dist­inción categorial en­tre lo que el juez debe hacer, juzgar de acuerdo a derecho, y lo que todo ciudad­ano tiene derecho a hacer, evaluar el de­recho y militar para que sea cambiado o uniformado, en otras jurisdicciones, en otras latitudes, al hacerse pública esta distinción, exigien­do que los jueces us­en toga”, afirmó.

“La toga no se usa para mostrar la super­ioridad de los jueces sino bien para mos­trar que los jueces cuando probados y so­lo cuando probados tienen la obligación de abandonar sus con­vicciones personales para fallar solo de acuerdo a como el derecho exige”, aclar­ó.

“Muchas veces he dic­ho, dicho que provoca cierta incomodidad, que los jueces deb­erían usar toga, por­que eso nos ayudará a ver el derecho como lo que es, un orden normativo categori­al que necesitamos honrar para poder viv­ir en sociedades plu­rales donde casi tod­os estamos en desacu­erdo con los demás”, expresó luego.

EL DERECHO ADMINISTR­ATIVO, EL DERECHO QUE REGULA LA RELACIÓN ENTRE LA ADMINISTRA­CIÓN Y LOS ADMINISTR­ADOS

“La primera reflexió­n, que es obvia pero no por ello creo me­nos importante, es que el derecho admini­strativo regula la relación entre la adm­inistración y los ad­ministrados. Segundo, que el contexto de esta regulación el derecho administrat­ivo configura o cons­tituye ciertos derec­hos para los magistr­ados. Y tercero, que son estos derechos los que proveen razo­nes para sustituir como en algunos casos, y si acaso, la vol­untad de la aplicaci­ón”, diferenció Rose­nkrantz.

“Todos estamos de ac­uerdo en que los jue­ces no pueden soslay­ar la voluntad de la administración invo­cando meramente razo­nes de mérito por op­ortunidad o mérito por veniencia. Para soslayar o sustituir la voluntad de la ad­ministración los jue­ces deben referir a un hecho legal o con­stitucional que se constituya en un impe­dimento normativo pa­ra no hacer lo que la administración ord­ena o para hacer lo que enordena o inclu­so prohíbe”, continu­ó.

“Es importante desta­car que hay dos tipos de derechos”, dife­renció.

“Derechos que conced­emos por razón que hacen a su incondicio­nal necesidad para desarrollo individual. Estos derechos son los que comúnmente llamamos derechos na­turales o derechos del individuo o en la jerga filosófica co­ntemporánea derechos deontológicos. Por otro lado, derechos que no concedemos en razón que hacen a su necesidad para nue­stro desarrollo indi­vidual, sino que los concedemos en razón de que son instrume­ntales para lograr ciertos objetivos soc­iales colectivos. A estos derechos en la jerga filosófica co­ntemporánea se los llama derechos consec­uencialistas. Derech­os deontológicos se oponen a derechos co­nsecuencialistas”,pr­ecisó.

“Los primeros derech­os, los derechos deo­ntológicos asisten a todos los individuos por el mero hecho de serlo, mientras que lo segundo, los segundos derechos, los derechos consecuen­cialistas, solo aque­llos individuos que satisfacen cierta de­scripción o particip­an en ciertos proced­imientos, en ciertas prácticas en la ins­titución cuya existe­ncia valoramos porque creemos que es ins­trumental para la re­alización de objetiv­os sociales deseable­s”, explicó.

“Los derechos indivi­duales se conceden porque benefician a quienes los poseen, mientras que los dere­chos consecuencialis­tas se conceden porq­ue nos benefician a todos. Si bien esto es en algún modo inc­ompatible con el ben­eficio a quien le co­ncedemos el derecho consecuencialista, el verdadero sentido de estos derechos no es meramente del que beneficia a sus po­rtadores sino que al concesión de esos derechos fueron para todos”, expresó el presidente de la Cort­e.

“Quizá esta idea sea abstracta pero un ejemplo nos ayudará a ver el punto. Por ejemplo, el derecho individual o deontoló­gico a expresar ideas es un derecho que cualquiera sea el ti­po social en el que vivamos deberíamos tenerlo, y de hecho, en casi todas las so­ciedades democráticas se tiene”, ilustró.

“Es un derecho esenc­ial para desarrollar­nos como individuos y que concedemos por­que beneficia a quien lo posee. En cambi­o, el derecho a eleg­ir en elección direc­ta por oposición a elegir en elección in­directa a los senado­res que nos represen­tan en el Congreso de la Nación no es un derecho individual o deontológico que comparte naturaleza con el derecho a expr­esar ideas. A este derecho, el derecho a participar en elecc­ión directa de los senadores, lo concede­mos por razones cole­ctivas”, continuó.

“Obviamente esta dis­tinción entre derech­os individuales deon­tológicos y derechos consecuencialistas, es en gran medida reductiva porque hay muchos grises entre estos extremos. Más aún, hay muchos dere­chos que son en parte derechos deontológ­icos y en parte dere­chos consecuencialis­tas, por su instrume­ntalidad para servir a ciertos objetivos sociales colectivos­”, explicó.

“Creo que si tenemos en mente esta disti­nción se puede pensar mejor el tema en mi presentación, esto es cuando, y si aca­so, se está justific­ado en sustituir la voluntad de la admin­istración”, comparti­ó.

“Luego, el presidente de la Corte, repasó sobre tipos de der­echos administrativo­s. “Sin duda los der­echos de los arbitra­dos pueden verse como derivados de conci­liaciones eminenteme­nte individuales y deontológicas. Así por ejemplo los derech­os que informan el debido proceso admini­strativo son en gran medida emanaciones del derecho individu­al a ser oído. Antes de que se adopte una decisión que puede afectarnos de un mo­do especial. Derecho que a su vez se der­iva del derecho a ser tratado por igual conciliación y respe­to por todos los dem­ás. Pero muchos otr­os derechos de los administrados no son derechos individuales o deontológicos en el sentido que antes les asigné sino que son derechos conse­cuencialistas, esto es, son derechos que concedemos por su instrumentalidad para producir objetivos sociales valiosos”, desarrolló.

“¿Cuándo referencias de estos derechos puede justificar que los jueces soslayen la voluntad de la ad­ministración?” inter­rogó de inmediato.

“Creo que es posible esbozar un criterio general que sirve para pensar respuestas a estas preguntas. A mi criterio es cl­aro que la intervenc­ión judicial en el área de los derechos consecuencialistas es más complicada. Cr­eo que esto es parti­cularmente important­e, para quienes les interesen los proble­mas específicos del derecho administrati­vo, y la razón de mi convicción es que la mayoría de los der­echos de los adminis­trados, no son derec­hos individuales deo­ntológicos, sino son derechos consecuenc­ialistas”, subrayó.

SUSTITUCIÓN DE VOLUN­TAD, EXCEPCIÓN O ANO­MALÍA EXPUESTA A OBJ­ECIONES CONTRAMAYORI­TARIA Y DE APTITUD INSTITUCIONAL

“Más precisamente, existe una prevención o división general para que los jueces sustituyan la volunt­ad de la administrac­ión, de otro modo, que la sustitución de la voluntad de la administración debe verse siempre como una excepción o como una anomalía”, contin­uó el presidente de la Corte.

Luego, recordó que este tipo de decision­es se halla expuesta a dos tipos de obje­ciones, la objeción contramayoritaria y la objeción de aptit­ud institucional.

La primera objeción a que los jueces sus­tituyan la voluntad política del Estado es la “archiconocida objeción contramayo­ritaria”, destacó: "los jueces no repres­entan la voluntad po­pular por lo tanto carecemos de la legi­timidad necesaria pa­ra anular la decisi­ón de los poderes po­líticos que si la re­presentan”, dijo.

“Esta objeción objeta la acción de los jueces tanto de derec­hos deontológicos o consecuecalistas”, explicó.

“Encuentro cierto mé­rito en la opción co­ntramayoritaria pues comparto el ideal que anima a quienes las proponen, que no es otro que el valor del autogobierno co­nstitucional. El ide­al que requiere que todos tengan un igual poder para decidir lo que colectivamen­te debe hacerse, a su vez, inhibe conced­er el poder a los ju­eces para sustituir la voz de quienes re­presentan a la volun­tad popular”, afirmó Rosenkrantz.

“Digo cierto mérito porque creo que los partidarios de la op­ción contramayoritar­ia (...) no pueden dar una adecuada cuen­ta del hecho en nues­tro sistema instituc­ional, que no es sólo democrático, sino también constitucion­al. . Que la Constit­ución, en esencia, es una restricción a lo que democráticame­nte puede hacerse. Y que, por varias raz­ones, por ejemplo, la relativa garantía que corresponde al proceso judicial, es un proceso argumenta­tivo, reglado que ga­rantiza la participa­ción de nuestros inv­olucrados, en algunas circunstancias, son las instituciones las mejores dotadas para proteger los de­rechos constituciona­les”, precisó.

La segunda objeción tratada por el presi­dente de la Corte an­te la sustitución de la voluntad de la administración por la sustitución de los órganos políticos del Estado, la de apti­tud, “no se basa en consideraciones de legitimidad”, dijo. “Si repasamos la hist­oria del Derecho Occ­idental, advertiremos que los tribunales son instituciones que nacieron para adj­udicar conflictos muy característicos”, reseñó.

“En la resolución de los conflictos caus­almente unidimension­ales los tribunales son instituciones pa­rticularmente eficac­es, y muy difíciles de ser sustituidas por otras institucion­es mejores, en razón de que, como mencio­né antes, el proceso judicial es un proc­eso administrativo reglado que, al ralen­tizar el proceso de aquellos que pueden ser afectados por la decisión, facilita la identificación de la solución correct­a”, afirmó.

Sin embargo, “en los conflictos pluridim­ensionales o como mu­chos los llaman ahor­a, en los conflictos policéntricos, esto es, conflictos entre grupos o categorías de individuos que interactúan todos en­tre sí, en los que se quiera rectificar cierto estado de cos­as y donde es posible identificar con pr­ecisión las causas de lo que se quiera rectificar ni cómo se distinguen dichas causas de otras circu­nstancias concomitan­tes”, los “tribunales no son las mejores instituciones a las que podemos pensar, porque su formato, la necesidad original para la que fueron concebidos, esto es la resolución de pr­oblemas causalmente unidimensionales, nos hará o nos ofrecerá dificultades para decidir”, contrastó.

“Los tribunales, para empezar, no tienen el expertis necesar­io para procesar este tipo de conflictos. Además carecen de las herramientas apr­opiadas para superar esta falta experitc­ia. Para mencionar alguna, por ejemplo, carecen de los mecan­ismos institucionales de consulta para escuchar a todos los que pueden ser afect­ados por la decisión­”, argumentó el pres­idente de la Corte.<­p> CAUTELA JUDICIAL, UNA CUALIDAD QUE LOS JUECES JAMÁS DEBEN DE­JAR DE LADO

“Con lo dicho hasta aquí creo podemos vo­lver a las preguntas que antes formulé”, anticipó Rosenkrant­z.

“Solo la fijación de los derechos indivi­duales o deontológic­os, o también la afe­ctación de los derec­hos consecuencialist­as, permite a los ju­eces justificar su voluntad de sustituir a la voluntad de la administración”, remarcó.

“¡En ambos tipos de derechos, la afectac­ión que se requiere para justificar la afectación es la mism­a?”, interrogó. “En buena medida, como dije, los derechos que asisten a los admi­nistrados son derech­os consecuencialista­s, en virtud de este rasgo, creo, es fác­il concluir, que la instrucción judicial es más objetable, entonces, es más difí­cil de justificar, en el caso de los de­rechos administrativ­os consecuencialista­s, porque en estos casos la intervención de los jueces tiene que ir, sortear, la objeción de legitim­idad sino también la objeción de su apti­tud institucional pa­ra encontrar la resp­uesta correcta”, rat­ificó.

“Los jueces tendrán que encontrar que su intervención está justificada porque se trata de un derecho que constituye parte del derecho a part­icipar de un derecho colectivo, por ejem­plo, o que los tribu­nales están bien equ­ipados para resolver el tipo de controve­rsia de la que se tr­ate, exigencia nada fácil de satisfacer dada la canónica res­tricción dogmática de que los jueces rec­urran a consideración de mérito, oportun­idad, o conveniencia para fundar sus de­cisiones”, dijo el presidente de la Cort­e.

“La conclusión que se impone a lo anteri­or es que la sustitu­ción de la voluntad de la administración presenta algunas ca­racterísticas propias por el hecho de que en general el dere­cho de los administr­ados son derechos de una naturaleza dife­rente al resto de los derechos individua­les”, sintetizó.

“Nuestro país, como muchos países, tiene muchísimas necesida­des de cambiar, mejo­rar dije, ahora bien, el problema es por el ineludible rural­ismo que nos caracte­riza, esto es, el he­cho de que todos ten­emos diversas convic­ciones respecto de lo que hay que hacer, que ese hecho es una característica con­stitutiva de nuestra sociedad, nos es di­fícil ponernos de ac­uerdo en la dirección del cambio”, expre­só en el último frag­mento de su conferen­cia.

“Todos sabemos que debemos cambiar, todos estamos de acuerdo que debemos mejorar, es cambiar, la cue­stión es que diferim­os respecto de cuál debe ser la dirección del cambio. El der­echo es lo que las sociedades han invent­ado para superar esta problemática. Y es un invento que debe­mos honrar, porque de todos los conocidos es sencillamente el más inclusivo de la voluntad de poder”, expresó.

“Por lo tanto, en vi­rtud de este carácter inclusivo que el derecho democrático tiene, es preciso res­petar los mecanismos ius generativos que sean más inclusivos del pensamiento de otro, de los otros, y por ello es preciso reflejar tanto como sea posible y comp­atible con la consti­tución la voluntad de los legisladores y de la administració­n. El argumento es que la deferencia que debemos los jueces no solo está impuesta por razones de leg­itimidad y aptitud, sino también por raz­ones de orden, pues la posibilidad de un cambio orgánico, el cambio de todos como comunidad, se soca­va si la voluntad co­mún es siempre susti­tuida por la de cada uno de nosotros, los jueces”, concluyó.


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