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Sociedad Mundo Sábado 08 de setiembre de 2018 
Ecuador pierde el “caso Chevron”
El Gobierno de Moreno exigirá al expresidente Correa y sus colaboradores que respondan por no haber defendido “como corresponde” los intereses nacionales

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Ecuador se prepara para asumir una contundente derrota económica en el largo y controvertido caso Chevron, tras el laudo arbitral que le acaba de dar la razón a la petrolera estadounidense. El tribunal arbitral internacional de La Haya hace responsable al país “por denegación de Justicia”, por “violación al principio de trato justo y equitativo”, previsto en el Tratado Biletaral de Inversiones firmado con Estados Unidos, y por incumplimiento “de los laudos arbitrales previos que establecían medidas cautelares”, según informó este viernes el Gobierno ecuatoriano, dentro de un litigio por contaminación ambiental que se prolonga desde hace décadas. Eso, advierten las autoridades, expone a Ecuador a una eventual sanción millonaria.

Pero el Ejecutivo de Lenín Moreno no está dispuesto a pagar la factura de un proceso judicial heredado de la administración anterior y que tiene al país enredado desde 1993 por el daño medioambiental que causó la petrolera Texaco —después adquirida por Chevron, que también acarreó con el conflicto— en la Amazonía ecuatoriana. Por eso, el secretario general de Presidencia, Eduardo Jurado, se adelantaba el jueves a la derrota ante La Haya y anunciaba, un día antes de conocerse el fallo, que exigirá al expresidente, Rafael Correa, y a sus colaboradores que respondan por no haber defendido “como corresponde en derecho internacional” los intereses nacionales.

Como se anticipaba, el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, informó el viernes del laudo parcial, de más de 500 hojas, en que se da la razón a Chevron y que implica que Ecuador tendrá que responder económicamente. La petrolera había solicitado a La Haya que el Estado ecuatoriano asuma los 9.500 millones de sanción que le impuso como sanción la Justicia ecuatoriana en 2011, pero el fallo no fija la cuantía de la reparación. Eso se determinará, según el procurador general, en un proceso que comenzará en 90 días y que podrá durar meses mientras las partes exponen sus pretensiones económicas.

No obstante, el secretario general de Presidencia adelantó en una carta dirigida al mismo procurador que “se pueden prever cuantiosas sumas de dinero”, que causarán “graves daños al Estado”. De ahí que Jurado solicite formalmente al abogado del Estado que se inicien las “auditorías correspondientes para establecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar” con el fin de ejercer, después, el derecho de repetición. Es decir, de exigir a los responsables del Gobierno anterior que respondan económicamente por la sanción que sea impuesta a Ecuador.

Además de reprochar al expresidente que ejerciera una defensa que “no estuvo a la altura”, el Gobierno cree que el exmandatario se aprovechó del caso contra Chevron para ganar proyección internacional. Y lo hizo, según la denuncia, con fondos públicos a través de campañas de propaganda con las que se pagaban viajes hasta la selva amazónica a personajes reconocidos, como actores y artistas de Hollywood, bajo el eslogan de La mano sucia de Chevron. “El afán del Gobierno anterior por tomar protagonismo internacional y por tener todos los poderes en sus manos podría llevar a un gran perjuicio económico para todo el Ecuador”, apuntó Jurado.

Según el repaso del secretario presidencial, Ecuador enfrenta más de 35 procesos de arbitraje internacional que han “costado cientos de millones solo en honorarios para abogados”. Con la figura de la repetición, el Gobierno pretende reclamar a Correa un monto equivalente al que tenga que pagar el Estado ecuatoriano como sanción.

Años en los juzgados
El asunto por la contaminación de la Amazonía lleva décadas paseando por juzgados y cortes de Ecuador, EE UU, Canadá, Argentina, Brasil y otras jurisdicciones. Pero en paralelo, la petrolera acudió al arbitraje internacional para frenar el pago de la abultada multa que le impuso en 2011 la Corte Provincial de Sucumbíos y que ha sido ratificada en instancias ecuatorianas superiores. Este 2018, la Corte Constitucional de Ecuador confirmó la sanción y el pago de 9.500 millones de dólares contra Chevron.

La petrolera estadounidense se ha negado desde entonces a pagar deuda y comenzó su acción contra Ecuador después de que un tribunal de Nueva York le diera la razón en 2014 y declarara que aquella sentencia condenatoria fue fraudulenta. Por eso, Chevron acudió a tribunales arbitrales para obtener un laudo que endosase el pago de esos 9.500 millones de dólares de la sanción a Ecuador. Hasta el momento, el gigante petrolero ha ganado todas las contiendas en sede internacional y solo ha tenido resultados adversos en la jurisdicción ecuatoriana.

El laudo de La Haya considera que Ecuador le negó a Chevron un verdadero acceso a Justicia y, por eso, echa para atrás la sentencia condenatoria, pero deja abierta la puerta a que la población indígena afectada por la contaminación de la selva amazónica pueda iniciar un nuevo litigio para reclamar a la petrolera por los daños causados por Texaco, firma que fue adquirida por Chevron.

Aún sin saber la cuantía de la indemnización, la amenaza de una sanción millonaria coloca a Ecuador en una situación delicada, dada la estrechez y el sobreendeudamiento de su economía, que están obligando a las autoridades a reducir el tamaño del Estado, eliminar subsidios y buscar nuevos mecanismos de financiación. Si el monto se acercase a los 9.500 millones de dólares de la sanción inicial, la obligación para el Estado equivaldría a casi el 10% del PIB del país y torcería los planes gubernamentales de atajar el déficit fiscal en los próximos tres años.

De ahí, el reclamo del Ejecutivo al expresidente ecuatoriano, a quien se le ha responsabilizado anteriormente de dejar al país sobreendeudado. El nuevo reproche a Correa cuestiona el manejo de recursos públicos que se hizo durante su administración con el fin de abanderar la lucha contra la contaminación medioambiental de la Amazonía y la defensa de los pueblos indígenas. En concreto, el secretario general de Presidencia cuestionó el contrato “por 6,4 millones de dólares que firmó Ecuador con la empresa MCSquared para pagar a celebridades como Mia Farrow (188.000 dólares) y Danny Glover (330.000)”, con el fin de “manipular a la opinión pública nacional e internacional”. La Cancillería, entonces a cargo de uno de los más fieles al régimen correísta, Ricardo Patiño, suscribió otro contrato de 2,5 millones de dólares para pagar los viajes y las estancias de las figuras públicas que visitasen la selva y metiesen la mano en uno de los pozos de petróleo que dejó Texaco-Chevron. “Pretendieron hacer creer al país que celebridades internacionales apoyaban la causa, cuando en realidad estas recibían un alto pago por su visita, con fondos públicos”, denunció Jurado.

elpais.com


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